Entrevista con: ANTONIO ALLENDE. Delegado del sector de Educación (EDUCSI) de la Provincia de España de la Compañía de Jesús (infosj)


«La ley promueve la reducción progresiva del modelo de educación concertada», además de ir «en contra de la pluralidad del sistema educativo»

Estos días el Gobierno llevará al Congreso de los Diputados la nueva Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE). Ante ella, muchos colectivos de la escuela concertada (incluido Escuelas Católicas) se plantan por entenderla como un modo de convertirla en subsidiaria de la escuela pública y no complementaria hasta ahora. La Compañía de Jesús también se ha unido a la campaña. Para comprender mejor esta ley, lo que propone y sus implicaciones, hemos querido hablar con Antonio Allende, SJ, delegado del sector educativo de la Provincia de España (Educsi).

¿Por qué supone (si supone) una amenaza para la concertada?

A.A.: La amenaza viene sobre todo porque lo que se plantea es un cambio sustancial en la situación actual de nuestro sistema educativo. Con independencia de las medidas pedagógicas que contempla, algunas más discutibles que otras, se trata de una reforma que promueve la reducción progresiva del modelo de educación concertada y va en contra de la pluralidad del sistema educativo. El proyecto de ley elimina la demanda social como criterio para la concertación de unidades y permite distribuir alumnos y alumnas a criterio de la Administración pública, limitando significativamente la elección de las familias y dejando la puerta abierta a la adscripción del alumnado en los centros según la programación de plazas de las Consejerías de Educación. Hay que tener en cuenta que estas y otras modificaciones convertirían a la red de enseñanza concertada en subsidiaria, y no en complementaria como hasta ahora, de la enseñanza pública. Hay otras medidas como, por ejemplo, el aumento de plazas en la enseñanza pública en un contexto de baja natalidad, que unidos a lo anterior indican que la intención es un trasvase de alumnos de la concertada a la pública. Además, está, como siempre que se plantea la reforma de la educación desde postulados políticos, el asunto de la clase de religión que puede ser muy lesivo para los intereses de muchas familias que quieren que sus hijos e hijas profundicen en la religión como una dimensión importante de sus vidas.

«Las modificaciones convertirían a la red de enseñanza concertada en subsidiaria»

¿Puede el gobierno hacer estos cambios?

A.A: Sí, claro que puede hacerlos. Otra cosa es que sean cambios que vayan a mejorar el sistema y que redunden en beneficio de todos. Una cuestión será ver cómo esto entra en conflicto con la interpretación que los tribunales han hecho de la constitución en el sentido de que el Estado ha de garantizar la posibilidad de elección de las familias del proyecto educativo que quieren para sus hijos e hijas.


Pero más allá de las cuestiones legales, hay en el fondo una visión del modelo social que queremos. ¿Queremos una oferta única, planteada desde el gobierno de turno, o queremos una sociedad plural en donde haya más agentes implicados que enriquezcan el sistema y aporten otras tradiciones, mayor creatividad, procesos más ágiles para la transformación educativa, más diálogo entre distintas maneras de entender la educación con el resultado de un ecosistema educativo rico y potente?

Desde los partidos que apoyan esta ley se habla por ejemplo de la “anomalía” que supone la educación concertada en nuestro país. Pero lo cierto es que, si se examina nuestro contexto europeo, veremos que muchos países mantienen convenios y conciertos con entidades privadas para proveer una mayor oferta educativa; se puede citar los casos, entre otros, de Francia, Alemania o Finlandia, que tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo.

¿Hay algún tipo de respuesta conjunta por parte de la concertada? ¿Quién la lidera? ¿Cómo sumarse?

A.A.: En estos últimos días se ha creado la “Plataforma Concertados” que promueve acciones y movilizaciones como respuesta ciudadana ante el proyecto de la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE).  Esta plataforma está formada por Escuelas Católicas, Fundació Escoles Cristianes de Catalunya, las asociaciones de padres y madres COFAPA y CONCAPA, los sindicatos FSIE y FEUSO y otras entidades que se van sumando.

Esta plataforma tiene una página web (masplurales.es) en donde se explican tanto las motivaciones como las acciones que se van a realizar.


¿Qué pueden hacer las comunidades educativas y las familias ante esta situación?

A.A.: Como en otras ocasiones en nuestra historia reciente hay que movilizarse para defender nuestro derecho y nuestra visión de la educación. La primera acción sería la de la recogida de firmas para poder presentarlas en el Congreso. Pero además se proponen otras que son fáciles de realizar y para los que no hay que contravenir las medidas de salud en tiempos de pandemia, como las “quedadas digitales”, el lazo naranja, aulas en la calle… Es posible que, en estos momentos, determinadas formas de protesta puedan ser más radicales, y los modos y formas pueden matizarse siempre, pero en este momento, es necesario hacer llegar que el descontento no es minoritario ni un empeño radical en mantener lo de siempre; sino que es una defensa razonable de derechos vinculados a la educación

¿Cuál es la posición de EDUCSI (el sector de educación de la SJ) ante todo esto?

A.A.: Educsi se suma a la campaña a través de las organizaciones a las que pertenece, fundamentalmente hasta ahora Escuelas católicas y la Fundació Escoles Cristianes de Catalunya. En esto vamos de la mano con ellos y apoyamos y participamos en lo que hagan, prestando ayuda en la organización, sensibilización y publicidad de esas acciones.

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